MÁSTER
EN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Tema
Politización de la Justicia en
República Dominicana
Por
Lic. Ygnacio Sesilio Guerrero
Tavárez
FACILITADORA
Elena Martínez
Barahona, Ph.D
|
|
Santiago de los Caballeros
República Dominicana
Marzo, 2019
Politización
de la justicia en República Dominicana.
Desde
la época de la dictadura que lideró el sátrapa Rafael Leónidas Trujillo,
durante el período comprendido entre 1930-1961 hasta la fecha, el Poder Judicial en República Dominicana ha
estado politizado, lo que ha impedido construir una verdadera democracia
representativa y participativa.
Además,
la influencia del poder político en la justicia dominicana, ha implicado la
violación de los derechos humanos, políticos y sociales de los ciudadanos,
hasta el punto que se ha violado, y se violan aún, la Constitución y las leyes
adjetivas.
Los
funcionarios del Ministerio Público y los jueces eran designados por el Poder
Ejecutivo y el Senado de la República controlado por el Presidente, por tanto,
obedecían al mandato del Poder Político, por tanto, no se aplicaba el debido
proceso en los casos que vinculaban a
políticos de oposición al gobierno de turno.
Para
que la justicia actúe en consonancia con el orden constitucional y el sistema
jurídico, es imprescindible que los magistrados basen sus actuaciones en la
lógica, la verdad e institucionalidad.
Francesc
de Carreras, consagrado abogado e intelectual europeo, plasmó en el diario El
País, de España, el siguiente concepto: “Someter a juicio la actuación de
los políticos cuando incumplen las normas es consubstancial a un Estado de
derecho. Pero los jueces deben utilizar los principios de racionalidad
jurídica, con métodos interpretativos preestablecidos en la ley”, en un artículo titulado “¿Qué es politizar la
justicia?”, el cual se insertó el día 10 de
abril del año 2017 en la columna “Tribuna”.
Los representantes del Ministerio Público y los jueces del Poder
Judicial, en la época de la tiranía, respondían al poder político y esto
implicaba que se violaron los derechos humanos y ciudadanos, por tanto, se
violentaba el debido proceso en perjuicio de los opositores del régimen;
incluso se ejecutaban crímenes extrajudiciales.
Período 1961-1978
Tras la desaparición de la dictadura, exactamente el 30 de mayo del año l961, se creó un caos
institucional y de formó un gobierno provisional, el cual se definió como una gestión transitoria para establecer las
bases en aras de construir la democracia
Luego, justamente el 20 de
diciembre de 1962, fue electo presidente de la República Dominicana el literato
y profesor Juan Bosch, quien asumió la Presidencia el 27 de febrero de l963, en
cuya gestión el Ministerio Público y el Poder Judicial comenzaron a
experimentar un grado de independencia del Poder Político; sin embargo, ese
gobierno solo permaneció siete meses porque fue derrocada por fuerzas políticas
conservadores, las cuales tenían ramificaciones nacionales e internacionales.
Esto provocó una crisis
institucional que generó un estado de ingobernabilidad durante 1963 y 1965,
etapa donde fiscales y magistrados actuaban al
margen de la Constitución y el sistema jurídico, en razón de que se
transgredieran los derechos ciudadanos, humanos, de tránsito, políticos y
sociales.
Movimientos progresistas,
organizaciones revolucionarias y militares constitucionalistas, bajo el mando
de los coroneles Francisco Alberto Caamaño Deñó
y Rafael Fernández Domínguez, asumieron la lucha
por el retorno a la constitucionalidad y el 24 de abril de 1965 estalló la
revuelta armada o revolución, la cual fue interrumpida por la intervención de Estados Unidos con el
envío de 42 mil marines y se impuso el poderío para aniquilar la cruzada por la
democracia.
Con la anuencia de Estados Unidos, la derecha política del país presentó
como candidato a la Presidencia de la República en 1966 al doctor Joaquín
Balaguer, quien fue uno de los intelectuales que jugó un papel protagónico en
las tres décadas de la tiranía trujillista, quien ganó las elecciones; ese
mismo año inició una gestión hasta 1978 conocida como “Los famosos 12 años de
Balaguer”.
Se trató de una semidictadura, debido a que se violaron todos los
derechos ciudadanos y los opositores políticos fueron víctimas de juicios
políticos, porque las sentencias se pautaban desde el Palacio Nacional, porque
la dependencia del Ministerio Público y los jueces del poder político era
absoluta.
Hubo presos y exiliados políticos y asesinatos de Estado, sin que los
encargados de administrar y aplicar justicia impusieran el imperio de la ley.
Etapa 1978-1982
En mayo 16 de 1978 llegó al poder
el opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD), luego que fuera elegido
presidente del hacendado Antonio Guzmán Fernández, quien auspició un estado de
derecho, a través de fiscales y jueces que actuaron con determinada
independencia.
Salvador Jorge Blanco, doctor en derecho y prominente dirigente del PRD,
fue elegido presidente, lo que garantizó la continuidad de esa organización en el poder, pero se registró un retroceso a nivel de la judicatura y el
Ministerio Público, en vista de que el Poder Político
influenció en poder judicial.
Época 1986-1994
En mayo 16 de 1986 el doctor
Joaquín Balaguer fue electo otra vez presidente de la República, quien retornó
al poder en el 16 de agosto de ese mismo año, lo que
implicó la involución de la justicia, ya que el poder judicial volvió a estar
bajo la tutela del poder político.
Una muestra de
esto fue la acción judicial contra el expresidente Salvador Jorge Blanco,
quien fue condenado a 20 años de prisión y al pago de 100 millones de pesos por corrupción el 16 de noviembre de 1988,
cuya sentencia fue emitida por el juez Juan María Severino, exmilitar que había
tenido problemas con el imputado. Juristas experimentados establecieron que el
exjefe del Estado fue víctima de un juicio político.
Período 1994-2019
A partir del año
1994, en medio de una crisis política que provocó acortarle dos años a la gestión
de Balaguer que debía culminar en el 1996, se inició una era de avances en la
judicatura dominicana, ya que se conformaron las altas cortes y se puso en
marcha el procedimiento para que fiscales y magistrados fueran de carrera.
No obstante, el
proceso se contaminó con la política-partidista, porque las cúpulas de los
partidos políticos se repartieron las posiciones de los tribunales
Constitucional, Superior Electoral, Superior Administrativo, Suprema Corte de
Justicia y todas las instancias, situación que incide para que las sentencias
giren alrededor los intereses de cada organización; así surge la impunidad que
protege a determinados corruptos y delincuentes, pues, en muchos casos el poder
político se impone sobre el poder judicial.
En la Republica
Dominicana, el Consejo Nacional de la Magistratura es el órgano que escoge los
miembros de las altas cortes: Suprema Corte, Tribunal Constitucional y Tribunal
Electoral, pero el mismo está integrado por representantes de los partidos
políticos, por tanto, se distribuyen las posiciones en los diferentes
estamentos.
Ejemplos de esta
situación es el caso de los sobornos auspiciados por ejecutivos de la firma
brasileña Odebrecht, a través de legisladores, funcionarios de la
administración pública y
empresarios-intermediarios, con el objetivo de lograr la aprobación de
contratos para la construcción de obras valoradas por miles de millones de
dólares.
Hubo una
intromisión del poder político en el poder judicial y el Ministerio Público, ya
que se vincularon a los actos dolosos a políticos de la oposición y de la
tendencia que lidera el expresidente Leonel Fernández Reyna dentro del
gobernante Partido de la Liberación Dominicana, quien se disputa el control de
la organización y la lucha por poder con el actual presidente Danilo Medina;
incluso, varios de los acusados y arrestados a comienzo del proceso, fueron
excluidos del expedientes sin explicaciones convincentes y transparentes.
Especialistas en
derecho analizar la judicialización de la política y de la politización de la
justicia, en el contexto de evaluar la interferencia de los magistrados en la
actividad política o los políticos inciden en los jueces; en ambos casos, se
puede afirmar que no se garantiza un estado de derecho.
¿Cuándo un juez
se politiza una sentencia? En el momento que un magistrado se aleja del sistema
jurídico y de la Carta Magna y evacúa veredictos por razones políticas que
judicializan la política, debido a que sujeta su accionar a una dependencia política
e irrespeta la independencia de los poderes; eso ha primado en el caso de
Odebrecht, puesto que ha habido un persecución selectiva y se ha protegido a
figuras que firmaron el 70 % de los contratos de la empresa brasileña.
“Dictar una sentencia presupone, en primer
lugar, precisar los hechos que son relevantes para resolver un caso; en segundo
lugar, encontrar en el ordenamiento las normas aplicables; y, en tercer lugar,
interpretar estas normas de acuerdo con unos métodos preestablecidos, en
nuestro ordenamiento los enunciados en el artículo 3.1 del Código Civil, aunque
no son los únicos”, plantea Eduardo Estrada.
Esto significa
que los jueces, a la hora de dictaminar sentencias, deben actuar con plena
independencia, apego al orden jurídico, con responsabilidad, transparencia e
imparcialidad, en vista de que es la garantía de un estado de derechos basado
en la institucionalidad y la aplicación de justicia en el marco jurídico; en
República Dominicana falta mucho para un poder judicial con fortaleza y
desligado del poder político.
Todas las
medidas que se adopten en el campo judicial deben supeditarse a las leyes y la
Constitución, factores claves para un estado de derecho y aplicar justicia
acorde con el orden jurídico, lo que es esencial para que la ciudadanía confíe
en la justicia.
Resultados de la encuetas Gallup/Hoy, realizada en el 2018, establecen
que el 58 % de los ciudadanos en el
Poder Judicial, como consecuencia del comportamiento inadecuado de los actores
de la justicia.
El Poder Judicial será creíble y confiable cuando los jueces respeten el
debido proceso y se conviertan en garantes de los derechos ciudadanos; es un
desafío de los magistrados asumir con principios éticos, valores morales,
independencia y responsabilidad un ejercicio transparente y responsable para
administrar y aplicar justicia en consonancia con la Constitución y las leyes
del sistema jurídico dominicano.
“Sin justicia no hay democracia”, afirma la doctora
Elena Martínez Barahona, profesora titular del área Ciencias Políticas y de la
Administración del Departamento de Derecho Público General e Investigadora del
Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, España.
Y tiene razón, porque la violación de los derechos ciudadanos es
antidemocrático, porque no hay garantía de un estado de derecho.
Bibliografía
*Eduardo Estrada, diario El País, España, 2017
*Francesc de Carreras, profesor de Derecho Constitucional, Europa, 2017
*Uvi Rivas, diario
Hoy, República Dominicana, 2018
*Gallup/Hoy, República
Dominicana, 2018.
